La regularización de migrantes llega por primera vez al Parlamento a iniciativa del PP

Una semana después de que el Consejo de Ministros haya iniciado los trámites para llevar a cabo una regularización por real decreto que se tramitará de forme urgente fruto de un acuerdo del PSOE con Podemos, la Cámara Alta debatirá sobre esta medida, a la que ya se han opuesto frontalmente PP y Vox.

La iniciativa, que el Ejecutivo tramita como real decreto, concederá permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras sin papeles que hayan vivido al menos 5 meses en España antes del pasado 31 de diciembre y a los solicitantes de asilo que pidieron protección antes de esa fecha, siempre y cuando no tengan antecedentes penales.

Será el miércoles

El próximo miércoles, el PP buscará el apoyo del Senado para mostrar su rechazo a una iniciativa que cree que sustituye el debate parlamentario; no tiene respaldo técnico, presupuestario ni territorial y supone «un incentivo estructural a las vías de inmigración ilegal y a las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos».

La moción acusa al Ejecutivo de pretender poner en marcha esta regularización sin memoria económica, sin planificación de su impacto en los servicios públicos y sin un refuerzo previo de fronteras ni de los sistemas de retorno, «cuando España apenas ejecuta el 17 %» de las órdenes de expulsión dictadas.

El PP ve en esta regularización «una quiebra del principio de legalidad y de la cultura del esfuerzo», «un agravio comparativo» para quienes han respetado las normas de entrada y permanencia en España y una amenaza a la coherencia del sistema europeo de migración y asilo, además de un «incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico de personas».

Respeto al Parlamento

Exige respeto al Parlamento y que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite por vía legislativa ordinaria con participación de los grupos parlamentarios, comparecencias de expertos y memoria de impacto económico y social.

El Gobierno ya ha rebatido algunas de estas acusaciones desde que anunció la medida, al asegurar que no existe efecto llamada cuando se fija «un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes» y que es precisamente la irregularidad «el mejor negocio para quienes explotan personas».

El Grupo Izquierda Confederal ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del PP en sentido opuesto: instar al Gobierno a seguir adelante con la tramitación de la iniciativa en los plazos establecidos, garantizar la seguridad jurídica y respetar el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que recogió más de 700.000 firmas para conseguir esta regularización.